Se ha cumplido un
año del fallo No. 49 del 1 de Octubre de 2018 del tribunal de la CIJ de La Haya
que dejó inapelablemente a Bolivia sin ninguna “plausibilidad jurídica” en
cuanto a la “obligación de negociar con soberanía un territorio para en el
océano pacifico”. Luego de la sentencia, la respuesta diplomática chilena fue
terminante: "Este fallo es fundamental para las relaciones internacionales de
Chile, ya que cerró toda controversia que Bolivia pudo levantar respecto a su
aspiración marítima”
(Teodoro Rivera, canciller – Ministerio de relaciones exteriores de Chile - 3
de Octubre 2019)
Y a partir de la sentencia, la cancillería chilena se
dispuso a cerrar sistemáticamente cualquier intento de aproximación con
Bolivia.
El 25 de Julio del 2019 el Concejo Municipal de Arica,
aprobó por unanimidad modificar el uso de suelo del terreno de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la avenida Diego
Portales esquina Alejandro
Azolas. La parcela cuyo comodato data de 1955
se encuentra sin uso hace más de 60 años. “Por años hemos sido
demasiado benevolentes con el cumplimiento de los tratados internacionales…debemos recuperar un terreno por el bien de nuestra comunidad” pasando de ser
una “zona de infraestructura energética
a ser una zona mixta” (para áreas verdes y viviendas) “No se trata de una expropiación sino mas
bien de una recuperación del uso de suelo”
(Gerardo Espíndola – Alcalde de
Arica – 25 Julio 2019)
Es
bueno recordar que el 31 de enero de 1955 los estados han firmado el “Tratado de
Complementación Económica Boliviano – Chilena”, que establece que “ambos gobiernos
convienen en prestar las facilidades necesarias para la construcción y
operación - por YPFB - de un oleoducto entre Oruro y Arica, que permitirá el
suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y a la salida de ese
producto a otros mercados”. De “autorizar la construcción de 8 edificios para
la operación y vivienda del personal”, y cuyo tenor señala además que: “La obra
se edificara en terrenos fiscales chilenos signados con el lote N°2 de 3,5
hectáreas de la ciudad de Arica que se otorgarán a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos en concesión de uso gratuito y mientras dure la explotación
del oleoducto y para la instalación de un estanque receptor de lastre”.
La
única respuesta oficial boliviana fue la del presidente de YPFB Óscar Barriga,
quien empequeñeció el impacto de la confiscación. “Ese es un espacio que
no estamos utilizando, nuestra planta de almacenaje esta en otra área, esa
superficie está en el centro de la ciudad por lo que no hay posibilidades de efectuar
ninguna operación de combustible”, expresó. (Gente – 27 de Julio – 2019) El
comodato sigue vigente sin que ninguna de las cancillerías aun (en especial la
chilena) haya establecido las acciones publicas y futuras a seguir.
A fines del mes de agosto funcionarios
de la policía de Investigaciones de Chile impidieron el acceso a territorio
chileno del documentalista Miguel Hilari y del actor Urbano Mamani,
cineastas bolivianos quienes habían sido invitados por el Festival “AricaDoc” a
presentar su película “Compañía”, con la que se cerraba una semana de
funciones en el Teatro Municipal de esa ciudad. (Diario U de Chile – 25
Septiembre – 2019) En palabras del
director Hilari: “Al llegar al paso fronterizo de Chungará, la policía
de Investigaciones de Chile nos negó el ingreso, alegando que Mamani no podía
acreditar su estatus de turista”. “Intenté explicar que fuimos invitados a
presentar una película, pero de muy mala manera el oficial Osvaldo Burgos me
dijo que nos retiremos y que ahora con mayor razón nos negaría el ingreso a
ambos, porque para eso necesitaríamos un permiso especial de la gobernación de
Arica'" (El Mostrador 4 de Septiembre, 2019) “Son de conocimiento público las habituales
prácticas de discriminación, racismo y xenofobia que ejercen diferentes agentes
del estado chileno en contra de ciudadanos provenientes de otros países. En
este caso particular, nuestros invitados contaban con todos sus documentos
oficiales para hacer entrada a Chile, sin embargo, de forma autoritaria y
prepotente su ingreso fue rechazado sin mayor motivación que los propios
prejuicios de los funcionarios involucrados.” (Asociación de Documentalistas de Chile - 3° Festival
Internacional de Cine “Aricadoc” - 2019) No existe una aclaración publica de la cancillería
chilena sobre el tema.
La terminal portuaria de Arica (TPA), concesionario
privado de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) mediante la nota No. 550 le hizo
conocer a la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP- B) el 1 de
Julio del 2019, unilateralmente, las nuevas tarifas vigentes de su reciente “manual
de servicios” que tendrían un incremento del 200% sobre las tasas vigentes
antes de Julio del 2019 en el puerto. “Hasta hace poco la tarifa alrededor de
US$30 por contenedor, fue incrementada a US$63. A esta cifra se le debe sumar
US$120 – por contenedor - que cobra la Agencia de Servicios Portuarios
Bolivianos. (Miguel Inzulsa – 8 de Agosto 2019
- El Concordia – Arica)
La posición boliviana es
desconocer el nuevo manual de servicios por haberse impuesto de forma unilateral
por parte del concesionario privado del puerto, sin la participación de la
administración boliviana. Bolivia deplora las nuevas disposiciones mientras
estas no sean "oficialmente convenidas mediante actos especiales entre los
estados” como establecen los tratados. Ningún “acto especial” fue
celebrado recientemente respecto al tema entre Chile y Bolivia en lo referido al libre transito boliviano
por el puerto de Arica. El ultimo tarifario acordado en la tercera acta expiró
en diciembre del 2013. La
chilena EPA transfiere irregularmente
sus obligaciones del libre transito a la empresa privada TPA, generando de paso,
un incremento en el cobro por el servicio.
Chile aplica a la
carga boliviana impuestos de valor agregado a las labores de la ASP-B. La
administradora privada del puerto genera constantes demoras a la carga
boliviana para atender el desconsolidado, retrasos por la falta de personal e
infraestructura del TPA. Santiago impone obligaciones de fumigar contenedores
en tránsito con carga boliviana a costos altos beneficiando a la una única
empresa chilena que aprovecha esa condición en el puerto. Pese a que hay funcionarios
bolivianos en puerto destinados a trabajar las 24 horas del día, los dependientes
chilenos se niegan a cumplir turnos ampliados en horarios que incluyan además los
sábados y domingos, retrasando aún más el despacho de la carga boliviana. El
gobierno de Chile no permite que Bolivia revise la carga boliviana (a bordo) en
el momento que llega una nave con carga de ultramar “en transito” para Bolivia,
y la apertura de contenedores bolivianos precintados de
exportación es una intromisión en el comercio exterior boliviano, quebrantando
las obligaciones adquiridas (inciso b del Artículo V de la Convención sobre
tránsito de 1937). Pruebas de estos atropellos han sido entregadas a Chile en
el marco de la controversia iniciada en ALADI.
(Ministerio de relaciones exteriores de Bolivia – 4 Septiembre - 2015)
Luego de muchos encuentros y
desencuentros; de la presunta decisión de la ASP-B del 26 de Septiembre de cerrar su
ventanilla de atención y de inmovilizar la planificación de los despachos
directos en el puerto hacia Bolivia en respuesta a la retención de la carga
boliviana (por falta de pago por adelantado) de parte de la TPA - Chile y de la amenaza de bloqueos de los
transportista (El Concordia – 30 de Septiembre 2019 – Arica), la ASP-B y la EPA han acordado
preliminarmente, liberar la carga retenida a partir del 2 de Octubre.
1.400 camiones bolivianos detenidos por 14 días en el puerto emprenderán su viaje de retorno, previo pago de obligaciones devengadas. Los importadores, exportadores e industriales bolivianos, en consonancia con la empresa TPA, se han agrupado en la idea de observar el “problemático” papel de la ASP-B y sugieren un nuevo modelo de concesión totalmente privada, donde la entidad boliviana dejaría de emitir cobro alguno para asumir un papel más verificador y fiscalizador, resquebrajando imprudentemente la letra y la sustancia del tratado de 1904. Queda todavía mucho por negociar. Ásperos y rígidos interlocutores para Bolivia. Gélidas respuestas chilenas a asuntos de interés bilateral.
1.400 camiones bolivianos detenidos por 14 días en el puerto emprenderán su viaje de retorno, previo pago de obligaciones devengadas. Los importadores, exportadores e industriales bolivianos, en consonancia con la empresa TPA, se han agrupado en la idea de observar el “problemático” papel de la ASP-B y sugieren un nuevo modelo de concesión totalmente privada, donde la entidad boliviana dejaría de emitir cobro alguno para asumir un papel más verificador y fiscalizador, resquebrajando imprudentemente la letra y la sustancia del tratado de 1904. Queda todavía mucho por negociar. Ásperos y rígidos interlocutores para Bolivia. Gélidas respuestas chilenas a asuntos de interés bilateral.
Son las primeras cuentas y
facturas para Bolivia luego del fallo de la corte internacional de La Haya. La
mayor parte de nosotros no admite debajo de la piel, el dolor de tan grave perdida.
Y aun sabiéndolo, casi todos sobrellevamos el duelo con ausencia y con asombrosa
indiferencia.
